ERA – ERA

Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA)

Primary Disciplinary Field(s): Derecho Constitucional, Historia de Estados Unidos, Estudios de Género.

1. Definición Central y Propósito

La Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA, por sus siglas en inglés: Equal Rights Amendment) es una propuesta de enmienda a la Constitución de los Estados Unidos diseñada para garantizar la igualdad legal de todos los ciudadanos sin distinción de sexo. Su texto principal es notablemente conciso y directo, estableciendo en su Sección 1 que “La igualdad de derechos ante la ley no será negada ni menoscabada por los Estados Unidos ni por ningún Estado por razón de sexo”. Esta enmienda busca eliminar las distinciones legales basadas en el género que históricamente han afectado la capacidad de las mujeres para participar plenamente en la vida económica, política y social del país, asegurando que el género no pueda ser utilizado como una base legal para la discriminación. A diferencia de la Decimocuarta Enmienda, que ha sido interpretada judicialmente para ofrecer protección contra la discriminación sexual bajo la Cláusula de Igualdad de Protección, la ERA ofrecería una base constitucional explícita y un estándar de revisión judicial más estricto, generalmente conocido como escrutinio estricto (strict scrutiny), ante cualquier ley que diferencie por sexo.

El propósito fundamental de la ERA trasciende la mera codificación de las protecciones existentes. Sus defensores argumentan que, aunque la jurisprudencia ha avanzado significativamente en la protección de los derechos de las mujeres desde la década de 1970, estas protecciones se basan en interpretaciones judiciales de cláusulas generales, las cuales son inherentemente susceptibles a cambios en la composición de la Corte Suprema o a la evolución de las doctrinas legales. La incorporación de la ERA aseguraría que la igualdad de sexo sea un principio fundamental y permanente de la ley constitucional, blindando los derechos adquiridos y proporcionando una herramienta legal inequívoca para desafiar la discriminación sistémica. Este anclaje constitucional es visto como esencial para establecer una sociedad donde las oportunidades y responsabilidades se distribuyan sin prejuicios de género, afectando áreas tan diversas como el empleo, la compensación laboral, los beneficios de seguridad social, el derecho de familia y las políticas militares.

La estructura de la ERA incluye dos secciones operativas adicionales: la Sección 2 otorga al Congreso el poder de hacer cumplir las disposiciones de la enmienda mediante la legislación apropiada, y la Sección 3 establece que la enmienda entraría en vigor dos años después de la fecha de su ratificación. Esta disposición de aplicación legislativa subraya que la ERA no solo es una declaración de principios, sino también un mandato para que el poder legislativo federal y estatal revise y modifique cualquier ley existente que contenga disparidades basadas en el sexo. En esencia, la ERA representa la culminación de un siglo de lucha por la igualdad legal plena, buscando cerrar las brechas que persisten a pesar de los avances sociales y legislativos logrados desde la concesión del sufragio femenino.

2. Orígenes Históricos y Desarrollo Inicial (1923-1972)

La idea de una enmienda constitucional que garantizara la igualdad de derechos surgió inmediatamente después de la ratificación de la Decimonovena Enmienda en 1920, que concedió el derecho al voto a las mujeres. La autora intelectual de la ERA fue Alice Paul, líder del Partido Nacional de la Mujer (NWP) y figura central en el movimiento sufragista. Paul y el NWP redactaron la enmienda y la introdujeron por primera vez en el Congreso en 1923, bautizándola originalmente como la “Enmienda Lucretia Mott”. Para Paul, el sufragio era solo el primer paso; la verdadera liberación de las mujeres requería eliminar todas las barreras legales que las confinaban a un estatus de ciudadanía secundaria.

Durante las décadas siguientes, la ERA enfrentó una fuerte oposición, incluso dentro de los propios movimientos progresistas y de mujeres. La principal fuente de resistencia provenía de los sindicatos, los defensores del bienestar social y las mujeres reformistas de la época, quienes temían que la ERA anulara las llamadas “leyes protectoras” (protective laws). Estas leyes, aunque a menudo paternalistas, establecían límites en el número de horas que las mujeres podían trabajar, prohibían el trabajo nocturno o pesado en ciertas industrias, y garantizaban protecciones especiales en el lugar de trabajo. Los opositores argumentaban que, aunque discriminatorias en principio, estas leyes eran vitales para proteger a las mujeres trabajadoras de la explotación en una época sin leyes laborales federales sólidas. Por lo tanto, el debate inicial sobre la ERA se centró en si la igualdad absoluta debía prevalecer sobre la protección específica de las mujeres en el ámbito laboral, creando una profunda división entre las feministas “de igualdad” (lideradas por Paul) y las feministas “de protección”.

A pesar de ser reintroducida en cada sesión del Congreso durante casi 50 años, la ERA permaneció estancada debido a esta controversia. No fue hasta el auge del movimiento por los derechos civiles y la segunda ola del feminismo en las décadas de 1960 y 1970 que el panorama político comenzó a cambiar. La legislación federal, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 (que prohibió la discriminación sexual en el empleo bajo el Título VII), comenzó a desmantelar las leyes protectoras, haciendo que el argumento de los sindicatos contra la ERA perdiera fuerza. Además, organizaciones como la Organización Nacional de Mujeres (NOW) adoptaron la ERA como su principal objetivo legislativo, proporcionando la base política y social necesaria para impulsar su aprobación definitiva en el Congreso.

3. El Resurgimiento y la Aprobación del Congreso (1972)

La década de 1970 marcó un punto de inflexión decisivo para la ERA. El clima social, caracterizado por una creciente conciencia sobre las injusticias de género y una movilización masiva del feminismo de la segunda ola, creó las condiciones políticas necesarias para que el Congreso actuara. Las audiencias y los debates reflejaron un consenso emergente de que, si bien las interpretaciones de la Decimocuarta Enmienda habían mejorado la posición legal de las mujeres, una declaración constitucional explícita era fundamental para sellar el compromiso nacional con la igualdad de género. Este renovado impulso fue crucial para superar la inercia legislativa que había caracterizado las décadas anteriores.

Finalmente, el 22 de marzo de 1972, la Enmienda de Igualdad de Derechos fue aprobada por el Congreso con el apoyo bipartidista necesario. Habiendo pasado el Senado con una votación de 84 a 8 y la Cámara de Representantes con 354 a 24, el texto fue enviado a los estados para su ratificación. Sin embargo, en un movimiento que resultaría ser la fuente de futuras controversias legales, el Congreso incluyó una cláusula en el preámbulo de la resolución conjunta (no en el texto constitucional de la enmienda misma) que establecía un plazo de siete años para que tres cuartas partes de los estados (38 estados) la ratificaran. Este plazo se fijó para el 22 de marzo de 1979.

La aprobación de 1972 fue vista inicialmente como una victoria histórica y la ratificación estatal comenzó de manera rápida y prometedora. En el primer año, 22 estados ratificaron la enmienda. Sin embargo, a medida que la fecha límite se acercaba, la oposición se organizó de manera efectiva, deteniendo el impulso inicial. La aprobación del Congreso en 1972, aunque celebrada, marcó solo el inicio de una de las batallas políticas y sociales más prolongadas y complejas en la historia constitucional estadounidense, cuyo resultado aún se debate legalmente hoy.

4. El Proceso de Ratificación Estatal y la Controversia

Tras la aprobación del Congreso, la ratificación de la ERA se convirtió en el foco de una intensa guerra cultural. Si bien 30 estados habían ratificado la enmienda en 1973, el movimiento se desaceleró drásticamente. El principal obstáculo fue la aparición de una oposición conservadora altamente organizada, liderada por la abogada y activista Phyllis Schlafly y su organización, STOP ERA (Stop Taking Our Privileges). Schlafly argumentaba que la ERA no beneficiaría a las mujeres, sino que destruiría la estructura familiar tradicional, debilitaría la posición de las mujeres en el divorcio, llevaría a la inclusión de mujeres en el servicio militar obligatorio (el draft) y posiblemente forzaría la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y el financiamiento público del aborto.

La campaña STOP ERA fue extraordinariamente efectiva, utilizando tácticas de base y apelando a los miedos sobre la disolución de los roles de género tradicionales. La oposición logró convencer a suficientes legislaturas estatales, particularmente en el Sur y en estados rurales, para que no ratificaran la enmienda. Además, cinco estados (Idaho, Kentucky, Nebraska, Tennessee y Dakota del Sur) intentaron rescindir sus ratificaciones iniciales, una acción cuya validez legal ha sido históricamente disputada, ya que la Constitución solo establece el proceso de ratificación, no el de rescisión. Esta combinación de la organización anti-ERA y el estancamiento legislativo impidió que la enmienda alcanzara los 38 estados requeridos.

A medida que se acercaba la fecha límite original de 1979, el Congreso, bajo intensa presión de los defensores de la ERA, votó para extender el plazo hasta el 30 de junio de 1982. A pesar de la extensión, la oposición mantuvo su dominio, y ningún estado adicional ratificó la enmienda durante ese período extendido. Cuando la fecha límite final expiró en 1982, la ERA se había quedado a solo tres estados de la ratificación, habiendo alcanzado únicamente 35 ratificaciones estatales válidas (sin contar los estados que intentaron rescindir). El fracaso en la ratificación de la ERA en 1982 fue visto como una derrota significativa para el movimiento feminista y una victoria para el naciente movimiento conservador que influyó profundamente en la política estadounidense de las décadas siguientes.

5. Cláusulas Clave y Consecuencias Jurídicas

El texto de la ERA, compuesto por solo 24 palabras en su sección principal, tiene implicaciones jurídicas profundas debido al estándar de revisión que impondría. Actualmente, bajo la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda, la Corte Suprema de EE. UU. (siguiendo casos seminales como Reed v. Reed y Craig v. Boren) aplica el estándar de “escrutinio intermedio” (intermediate scrutiny) para las clasificaciones basadas en sexo. Este estándar permite la discriminación si el gobierno puede demostrar que la clasificación sirve a “objetivos gubernamentales importantes” y está “sustancialmente relacionada” con el logro de esos objetivos.

La adopción de la ERA, sin embargo, elevaría el escrutinio a “escrutinio estricto” (strict scrutiny), el nivel más alto de revisión judicial, que actualmente solo se aplica a clasificaciones basadas en raza, origen nacional o religión, así como a las que afectan derechos fundamentales. Bajo el escrutinio estricto, una ley que discrimine por sexo solo sería constitucional si fuera necesaria para lograr un “interés gubernamental imperioso” y estuviera estrechamente adaptada para lograr ese fin. Este estándar es excepcionalmente difícil de satisfacer y, en la práctica, anularía la mayoría de las leyes que tratan a hombres y mujeres de manera diferente.

Las consecuencias jurídicas de la ERA serían vastas. Afectaría directamente el derecho de familia, garantizando que las leyes de manutención conyugal y de menores se apliquen de manera neutral al género. En el ámbito laboral, fortalecería la lucha contra la discriminación salarial y las políticas de beneficios que históricamente han favorecido a los hombres. Además, la ERA obligaría a la revisión de todas las leyes federales y estatales que utilizan el sexo como criterio de clasificación, incluyendo potencialmente las políticas de servicio militar obligatorio y las distinciones en los programas deportivos escolares y universitarios, asegurando que cualquier diferencia de trato deba justificarse con un estándar constitucional mucho más riguroso de lo que se exige actualmente.

6. El Renacimiento Moderno y la Controversia de la Fecha Límite

Después de décadas de inactividad, la ERA experimentó un notable resurgimiento en el siglo XXI, impulsado por una nueva generación de activistas y la frustración ante la persistente desigualdad de género. Este renacimiento se centró en la estrategia de ratificar los tres estados restantes que faltaban desde 1982. En 2017, Nevada se convirtió en el estado 36 en ratificar la ERA; en 2018, Illinois siguió como el estado 37; y finalmente, en enero de 2020, Virginia se convirtió en el estado 38, alcanzando así el umbral constitucional de tres cuartas partes de los estados requerido por el Artículo V de la Constitución.

Sin embargo, esta consecución desencadenó una grave crisis constitucional y legal debido a la fecha límite expirada de 1982. Los defensores de la ERA argumentan que la fecha límite impuesta por el Congreso en el preámbulo de la resolución conjunta de 1972 no forma parte del texto de la enmienda en sí y, por lo tanto, es inconstitucionalmente restrictiva o, al menos, no vinculante. Su argumento se basa en el precedente histórico de la Vigesimoséptima Enmienda, que tardó 203 años en ser ratificada sin una fecha límite. Por otro lado, los opositores sostienen que el Congreso tiene el derecho de establecer fechas límite como parte de su autoridad para proponer enmiendas y que, una vez que la fecha límite ha expirado, el proceso de ratificación debe comenzar de nuevo desde cero.

La controversia se ha judicializado. En 2020, la Administración de Servicios de Archivos Nacionales (NARA), que supervisa la certificación de las enmiendas, se negó a certificar la ERA, basándose en un dictamen legal del Departamento de Justicia que sostenía que la fecha límite había expirado y que las ratificaciones tardías eran inválidas. Posteriormente, la Cámara de Representantes de EE. UU. ha votado en varias ocasiones para eliminar retroactivamente la fecha límite, aunque estas resoluciones no han prosperado en el Senado. Esta situación ha dejado la ERA en un limbo legal, con 38 estados habiéndola ratificado formalmente, pero sin el reconocimiento oficial de su incorporación al texto constitucional, lo que requiere una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema o una acción legislativa clara del Congreso.

7. Importancia e Impacto Sociojurídico

La importancia de la ERA radica en su capacidad para transformar el marco legal y social de los Estados Unidos. Si se promulga, enviaría un mensaje inequívoco sobre el compromiso nacional con la igualdad de género, elevando este principio al mismo nivel de protección constitucional que la raza y la religión. Este impacto simbólico es crucial para moldear las normas culturales y desafiar las estructuras de poder arraigadas. Más allá del simbolismo, la ERA actuaría como un catalizador para la revisión y la reforma de miles de leyes y regulaciones a nivel federal, estatal y local que aún contienen lenguaje o efectos discriminatorios basados en el sexo.

En el ámbito de los derechos de las mujeres, la ERA proporcionaría una defensa más sólida contra el retroceso legal. Mientras que la protección actual depende de la interpretación judicial del escrutinio intermedio, una ERA ratificada obligaría a los tribunales a aplicar el estándar más alto, dificultando significativamente cualquier intento futuro de restringir los derechos basados en el sexo. Esto es particularmente relevante en el contexto de los derechos reproductivos y la salud, aunque los defensores y opositores debaten el alcance exacto de su impacto en el derecho al aborto tras la revocación de Roe v. Wade.

Finalmente, la lucha por la ERA es un estudio de caso fundamental en la historia constitucional y política. Muestra la dificultad extrema de enmendar la Constitución de EE. UU., especialmente cuando se trata de temas que tocan profundas divisiones culturales. La persistente batalla por la ERA, que abarca un siglo, refleja la evolución de los movimientos por los derechos de las mujeres, la organización del conservadurismo social y los límites del poder del Congreso para establecer reglas sobre el proceso de ratificación constitucional. Su eventual destino, ya sea a través de la certificación, un fallo de la Corte Suprema o una nueva propuesta, definirá el futuro de la igualdad de género en el país.

8. Críticas y Debates Actuales

Las críticas a la ERA han evolucionado desde los temores iniciales sobre las leyes protectoras hasta preocupaciones modernas centradas en el servicio militar, los derechos de los transexuales y el aborto. Los opositores contemporáneos argumentan que la ERA es innecesaria, citando la existencia de la Decimocuarta Enmienda, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles y otras leyes federales que ya prohíben la discriminación sexual. Sostienen que la incorporación de la ERA solo crearía un exceso de litigios y confusión legal sin proporcionar beneficios sustanciales que ya no estén cubiertos por la legislación existente.

Una de las principales preocupaciones de la oposición moderna gira en torno al servicio militar y el reclutamiento. Si la ERA se convierte en ley, se requeriría que los hombres y las mujeres fueran tratados exactamente igual en todos los aspectos del servicio militar. Esto significaría que cualquier futuro reclutamiento militar obligatorio (draft) tendría que incluir a las mujeres, eliminando la exclusión actual de las mujeres de la inscripción en el Sistema de Servicio Selectivo. Los críticos argumentan que esto impondría cargas injustas a las mujeres, aunque los defensores responden que la igualdad de derechos implica igualdad de responsabilidades, y que las mujeres ya sirven en todos los roles de combate.

Otro debate crucial se centra en la interpretación de la ERA en relación con el aborto y la identidad de género. Algunos opositores temen que la aplicación del escrutinio estricto pueda ser utilizada para invalidar las restricciones al aborto a nivel estatal, interpretando que la negación de la autonomía reproductiva constituye una discriminación por sexo. De manera similar, se ha argumentado que la ERA podría obligar a los estados a reconocer legalmente las identidades de género no binarias y a permitir el acceso a baños, vestuarios y deportes basados en la identidad de género en lugar del sexo biológico, lo cual es un punto de alta tensión en la guerra cultural actual. Los defensores, por su parte, ven estas implicaciones no como fallas, sino como la realización lógica del principio de igualdad plena y la no discriminación.

Lecturas Adicionales

• Equal Rights Amendment (Wikipedia)
• National Archives: The Equal Rights Amendment
• Alice Paul Institute
• U.S. Congress (Legislative History)